Con un Ministerio Público actuando con independencia y ahora un proceso electoral que ya envidiarían muchos países, incluso desarrollados, podemos afirmar que la República Dominicana se ha puesto pantalones largos en términos de institucionalidad democrática.
El avance de los procesos electorales fue lento y tortuoso, pero avance al fin. Y ahora se dio un paso de gigantes: ni mínimamente el nivel de contaminación visual y el ruido de tiempos anteriores, y ninguna duda de la efectividad y transparencia con que se condujeron los procesos; la única queja mayor es que no se respetaron los tiempos de campaña y el excesivo gasto.
Si el desarrollo económico, a juzgar por los teóricos, exige tantos requisitos que la República Dominicana no siempre reúne, mucha gente se pregunta de dónde viene el origen del prolongado crecimiento económico del país. Entonces la estabilidad política e institucional tiene que haber jugado un papel de trascendencia.
Desde la caída de Trujillo, 63 años ha, solo se han registrado cuatro episodios de verdadera crisis económica: uno por guerra civil, otro por pandemia y dos por locura.
Locura, porque no de otra manera podemos llamar la decisión de Balaguer de embarcarse en la construcción de múltiples y grandes obras en 1988-90 sin tener con qué pagarlas, cogiendo para tal fin lo que tenía que usar para deuda y obligando al Banco Central a pagarla con inorgánicos; la otra, casi por igual posteriormente, la decisión de Hipólito de pagar en efectivo el monumental fraude bancario, también sin tener dinero para pagarlo y obligando otra vez al Banco Central a pagarlo con dinero inorgánico.
Solo 4 crisis en más de seis décadas. Ningún otro país de América Latina exhibe tal trayectoria de estabilidad. Y ningún otro ha logrado que su PIB per cápita crezca tanto.
Además de ello, todos los agentes que realmente importan desde el punto de vista de las decisiones económicas, es decir, inversionistas, financiadores, agencias evaluadoras, gobiernos extranjeros, etc., saben que, independientemente de quien gane, siempre va a ser uno de los de ellos. Al menos, alguien que aplicará políticas “favorables al mercado” como les gusta decir. Todos serán de derecha, sin que ninguno llegue a la condición de ultra, tan en boga en tiempos modernos. Nada de radicalismos.
Pero la población no está satisfecha; masivamente la juventud quiere emigrar y viene bajando sensiblemente el apoyo a la democracia; supongo que eso explicará una parte de la tendencia creciente hacia la abstención electoral.
Ahora ha llegado el momento de las reformas, con miras a construir una sociedad más justa y cohesionada y una economía más sostenible. Es ahora o nunca, pues el presidente Abinader va a tener, no solo todo el poder ejecutivo y congresual, sino toda la legitimidad deseada, pues todo el mundo está consciente de que se necesitan.
Quiero referirme a la reforma fiscal, la madre de todas, porque sin ella cualesquiera otras se encaminarían al fracaso. Para cualquier reforma, se podrá necesitar formular planes, aprobar nuevas leyes o reglamentos y rediseñar instituciones, pero poco se ganará en ausencia de recursos.
Hacer una significativa reforma fiscal es precondición para buenos sistemas de seguridad ciudadana, de salud, de seguridad social, de justicia, una policía que despierte confianza en vez de infundir temor en el ciudadano, para mejoras fundamentales en materia de medio ambiente, de servicios municipales, de infraestructura urbana, de agua y saneamiento de ríos, cañadas y calles, control de inundaciones, derrumbes y avenidas de agua. Para cada una de estas cosas se necesitan recursos adicionales, y en grandes cantidades.
El presidente está convencido de que se necesita una reforma fiscal, la tecnocracia gubernamental hace mucho que la asumió, los partidos de oposición también están convencidos, los empresarios también, los economistas también, los medios de comunicación, los organismos internacionales, las agencias calificadoras… En fin, todo el mundo entiende que esto es crucial, pero nadie la va a apoyar de manera entusiasta.
Aunque haya un gran consenso sobre su necesidad, todo el mundo lo entenderá a su manera y querrán ajustarla a sus intereses. Los banqueros, los “bancaeros”, los industriales, los hoteleros, los importadores, los transportistas, los agricultores, los ganaderos, los zonafranqueros, los distribuidores de vehículos, los dueños de empresas eléctricas, los fabricantes de bebidas, los supermercados, las embajadas… todos van a buscar a los mejores economistas, abogados, contadores, consultores, comunicadores y lobistas que estén en el mercado para convencer al resto de lo importante que es esta reforma, pero que “a mí no”.
Y todos harán un excelente trabajo demostrando el gran peligro para el empleo, la competitividad, el crecimiento, la formalización, la justicia y el bienestar si esa reforma “se me aplica a mí”.
