Además, esta versión que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025 aumentará la transparencia, eficiencia y legalidad en el uso de los recursos, acorde con los estándares regulatorios nacionales e internacionales, al tiempo que fortalecerá la integridad y gobernanza de los entes y órganos públicos. Asimismo, regulará el uso de este tipo de fondos por parte de las empresas públicas.
A fines de facilitar la implementación de esa disposición se impartirá capacitación técnica, asegurando el más alto grado de competencia en las oficinas del gobierno responsables de la gestión financiera a través de la Dirección de Normas y Procedimientos de la Digecog coordinadora del proceso.
Este esfuerzo se realiza con el involucramiento de todos los órganos rectores Contraloría General de la República, Dirección General de Presupuesto y Tesorería Nacional, como parte de su compromiso en el Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y Gestión del Gasto Público, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.
